“La Ley Nacional de Paliativos es para los pacientes”

La ponencia de la ley, el grupo que está debatiendo las enmiendas al proyecto, tienen pendiente reunirse dos veces más para terminar con su trabajo, durante el mes de febrero.

Después el texto pasará a la Comisión de Sanidad del Congreso. Dos sesiones más de la reunión de la ponencia para la ley nacional de paliativos y el trabajo de recogida de las enmiendas al proyecto de ley estará terminado.

Así lo ha explicado Francisco Igea, portavoz de Sanidad de Ciudadanos, en el Congreso de los Diputados. El portavoz espera que en esta legislatura se apruebe la norma". Las citadas reuniones están prevista para principios del mes de febrero. Luego, el texto pasará a la Comisión de Sanidad del Congreso, "donde es posible que se debata alguna enmienda que quede viva, como las del Partido Nacionalista Vasco (PNV), porque no han asistido a las reuniones de la ponencia". El portavoz de Ciudadanos señala que durante todo el trámite de la ley se ha mantenido en contacto con la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal), "con los que tenemos una muy buena relación". Aclara que "es una ley de derechos y garantías de los pacientes, para el paciente, donde vamos a definir bien el concepto de lex artis, para que no interfiera con el derecho del paciente a la sedación que queremos garantizar". "Creo que los profesionales de paliativos tiene derecho a un reconocimiento profesional, pero no se puede dar en esta norma, que es sobre derechos de los pacientes. Nosotros también les apoyaremos en ese objetivo", apunta.

La ponencia de la ley tendrán que aclarar el régimen de sanciones. En las dos últimas sesiones, el grupo de la ponencia de la ley tendrán que aclarar el régimen de sanciones, con dos posibilidad, recoger en la nueva norma las sanciones de manera específica -opción por la que se decanta Igea- o remitir a la ley general, donde se especifica los comportamientos de los profesionales sanitarios objeto de sanción. El portavoz espera que en esta legislatura se apruebe la norma, quizás incluso antes de verano, aunque no se atreve a hacer pronósticos sobre tiempos parlamentarios.

Fuente: Diario Médico: Soledad Valle “La Ley Nacional de Paliativos es para los pacientes”

Las Cortes de Aragón instan al gobierno a despenalizar la Eutanasia

La Cámara aragonesa se posicionó ayer a favor de la despenalización de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido y la elaboración de una ley que regule su solicitud y práctica en los supuestos que se vean pertinentes. La iniciativa fue presentada por Itxaso Cabrera (Podemos) y Patricia Luquin (IU) y el texto recibió el apoyo de PSOE y CHA, la abstención de PAR y Ciudadanos y el voto en contra del PP.

Fuente: El Periódico de Aragón: Defensa de la eutanasia

Ampliación de la noticia al sumarse el Ayuntamiento de Zaragoza:

Las Cortes y el Ayuntamiento de Zaragoza se han posicionado a favor de la despenalización del suicidio asistido. Los partidos piden más difusión sobre la Ley de Muerte Digna de Aragón del 2011.

Era el 2011 cuando Aragón aprobó, en el pleno de las Cortes, la proposición de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en su proceso de muerte, más conocida como la Ley de Muerte Digna. La iniciativa partió del excoordinador general de Izquierda Unida de Aragón (IU) y exdiputado autonómico Adolfo Barrena. PSOE, PAR y CHA apoyaron la mayor parte del texto, mientras que el PP votó en contra. Desde entonces, a la norma le ha faltado empuje, desarrollo y más información de cara a la galería. De hecho, hay muchos aragoneses que desconocen que la comunidad dispone de esta ley.

En las últimas semanas, las Cortes de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza se han posicionado, por separado, a favor de la despenalización de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido. Las reacciones institucionales se han producido cuando, a nivel nacional, el Congreso ya ha iniciado la tramitación de una nueva Ley de Muerte Digna en España, un anhelo reivindicado desde hace años por la organización Derecho a Morir Dignamente (DMD).

En las Cortes de Aragón, la iniciativa fue presentada por Patricia Luquin (IU) e Itxaso Cabrera (Podemos) y el texto que se sometió a debate en la cámara aragonesa acabó recibiendo el apoyo del PSOE y de CHA, la abstención del PAR y Ciudadanos (C’s) y el voto en contra del PP. En él, entre otras cosas, se insta al Gobierno de Aragón a ampliar la formación continuada específica de los profesionales de la sanidad sobre el proceso del final de la vida, la enfermedad terminal y los cuidados paliativos. También la implantación obligatoria, en todos los servicios clínicos del Salud, de protocolos de analgesia, sedación y sedación terminal.

Voluntades anticipadas

Además, en la iniciativa aprobada se solicita el incremento del número de Equipos de Soporte para Atención Domiciliaria (ESAD) y la «obligatoriedad» de explicar qué es el documento de Voluntades Anticipadas (DVA) a todos los pacientes con una enfermedad incurable. Así, el texto apuesta porque la asociación Derecho a Morir Dignamente de Aragón forme parte del Comité de Bioética de la comunidad autónoma.

Por su parte, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza también pidió a la DGA, con el voto favorable de ZeC, PSOE y CHA, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP, la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido. En defensa de la iniciativa, Luisa Broto (ZeC) consideró que hay «un consenso médico» y llamó la atención sobre la Ley de Muerte Digna de Aragón, «que no está lo suficientemente traspuesta».

Según fuentes de Sanidad, en Aragón se han tramitado unos 8.000 documentos de voluntades anticipadas desde la puesta en marcha del documento.

Fuente: Ana Lahoz. El Periódico de Aragón: Eutanasia y sentido común.

La ley nacional de paliativos, más cerca del final, pero sin dinero

Los proyectos de la ley nacional de cuidados paliativos de Ciudadanos y PSOE esperan turno en el Congreso. Sus portavoces ven fácil acordar un texto común que puede aprobarse este año.

Madrid ha dado un paso de gigante en la aprobación de su ley de atención al final de la vida. Como adelantó Diariomedico.com el 14 de febrero, los cuatro grupos políticos representados en la Asamblea autonómica (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos) votaron a favor del informe de ponencia de la norma autonómica, que fue presentado por Ciudadanos.

El acuerdo conseguido en la Asamblea de Madrid hace presagiar que ocurra lo mismo en la tramitación de las propuestas legislativas de muerte digna que esperan su turno en el registro del Congreso de los Diputados. Tanto Francisco Igea, portavoz de Sanidad de Ciudadanos, como José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE en el Senado, adelantan esa posibilidad. Es más, "en realidad son dos proyectos de ley muy similares, llegaremos a un acuerdo", constata Igea. Martínez Olmos va más lejos y augura que, "antes de finalizar el año podría aprobarse la norma.

Consultas obligadas 

Coinciden en señalar que para la elaboración de estos proyectos se ha contado con la voz de los profesionales. Fuentes de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) reconocen que en el caso de Ciudadanos sí se les ha consultado, "otra cosa es lo que haga al final". Pero poco más señalan los facultativos. Están en plena elaboración de un informe que recoge su postura sobre esa futura ley nacional.

Fuentes de la Secpal recuerdan sus reivindicaciones históricas: no admiten una ley nacional que reconozca la sedación paliativa como un derecho; quieren que los profesionales que atiendan a estos pacientes tengan una formación acreditada en paliativos y, por último, que sea una ley con dotación presupuestaria que garantice, por ejemplo, la asistencia a estos enfermos en habitaciones individuales. 

Igea y Martínez Olmos han respondido a DM sobre estos aspectos de manera muy similar. El portavoz de Ciudadanos aclara que la ley establece una serie de garantías para el paciente, acompañadas de "un índice de sanciones" para el profesional por incumplimiento de esos derechos del enfermo. "No existe ley si no hay coacción", apostilla. Y añade, "los profesionales deben sentirse seguros facilitando una muerte sin sufrimiento". Establece el objetivo de morir sin sufrir, como el prioritario de la norma, porque "no hay nada por encima de asegurar a los españoles una muerte sin dolor".

Objeción a la objeción

Sobre la objeción de conciencia del profesional ante las peticiones del enfermo en situación terminal aclara que "se reconoce, siempre que haya otro facultativo que pueda realizar esa atención". En relación a la exigencia de cualificación de los sanitarios de estos servicios apunta que "la ley no tiene por objeto regular una especialidad, sino obtener unos resultados y una cosa no puede condicionar a la otra".

No ve necesario que se destine un presupuesto concreto para el desarrollo de la norma. "Es un problema de gestión, no de dotación. Estamos seguros de que hay camas y no es preciso una dotación económica"; y apostilla que "en todo caso serán las comunidades autónomas las que decidan si quieren destinar una parte de su presupuesto a poner en marcha la ley".

Sobre la necesidad de una ley de ámbito nacional, ni él ni Martínez Olmos tienen ninguna duda. Parten del mismo razonamiento: ahora hay comunidades que tienen su propia ley y otras que no. Es necesario "un marco común para todos", según Igea; a lo que Olmos añade: "Hay una desigualdad de derechos que hay que corregir".

Ni dotación presupuestaria ni objeción del profesional; el portavoz del PSOE aclara que "con la dotación actual hay suficiente para reconocer los derechos que recoge la ley". Entre ellos, "la sedación paliativa, que es una práctica respaldada por la evidencia científica, ante la que no cabe objetar". Admite que, efectivamente, "los profesionales que atiendan en esa fase de la enfermedad deben estar cualificados, pero no considera que esto deba figurar en la norma".

Olmos recuerda que el texto del proyecto legislativo del PSOE es el que estuvo a punto de aprobarse en la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y afirma que, entonces, consultaron a los profesiones afectados, "pero si hay que volverlo a hacer en la tramitación de la ley en el Congreso, pues lo haremos".

Fuente: Diario Médico: Soledad Valle: La ley nacional de paliativos, más cerca del final, pero sin dinero

El Estado de Colorado legaliza el suicidio asistido

Aprobado por referéndum El Estado de Colorado legaliza el suicidio asistido El Estado americano de Colorado ha aprobado la práctica del suicidio asistido mediante referéndum. La medida permite a los mayores de 18 años solicitarlo si están enfermos o tienen una expectativa de vida inferior a seis meses.

Colorado se ha convertido en el quinto país de Estados Unidos que legaliza, esta vez mediante referéndum, el suicidio asistido. Se suma así a Oregón, California, Washington y Vermont. Además, el Tribunal Supremo de Montana permite que un médico, en caso de demanda por esta práctica, alegue como causa de exoneración de responsabilidad civil o penal el consentimiento del enfermo.

La medida legal, respaldada por el 64.61 por ciento de quienes ejercieron el derecho al voto, permite a los residentes mayores de 18 años solicitar el suicidio asistido si están enfermos y tienen una expectativa de vida inferior a seis meses. El juicio clínico sobre la esperanza de vida debe ser validado por dos médicos, que también tendrán que confirmar que el paciente es competente para tomar una decisión libre e informada. Para obtener la prescripción del fármaco letal, será precisa una solicitud por escrito firmada por dos testigos -que acreditarán que el paciente pretende acabar con su vida voluntariamente y sin coerción- y que deberá repetirse verbalmente en dos ocasiones entre las que transcurrirán no menos de dos semanas.

Las peticiones se dirigirán al médico de atención primaria, que será uno de los que evalúen la competencia. En caso de duda sobre este particular, se pedirá el dictamen de un psiquiatra o un psicólogo. Como es natural, el paciente podrá cambiar de opinión en cualquier momento, aunque ya se le haya expedido el fármaco letal.

La norma protege la objeción de conciencia tanto del médico como del farmacéutico y la hace extensible a las instituciones sanitarias, que podrán prohibir a su personal la prescripción o dispensación de fármacos con fines de suicidio asistido. Esta información deberá facilitarse a los candidatos a un empleo en el centro antes de firmar el contrato.

La ley de Colorado sigue las pautas de la aprobada hace casi dos décadas por Oregón. La experiencia en este último Estado muestra que la esperanza de vida inferior a seis meses es controvertida en cuánto garantía para evitar abusos. No sólo por los errores de pronóstico, pues hay pacientes que viven más y dilatan o acaban declinando el uso del fármaco, sino también por el concepto. Por ejemplo, un enfermo de sida, hepatitis C o diabetes solo tiene una esperanza de vida inferior a seis meses si deja la medicación, pero de hecho se les considera candidatos aptos para solicitar el suicidio asistido.

Otra de las críticas que se han vertido sobre el sistema es la dificultad para medir su impacto real. Aunque la expedición de la receta del fármaco letal genera una copia que es enviada a la Administración sanitaria, el certificado de defunción consigna como causa de la muerte la enfermedad subyacente, por expresa disposición de la ley.

Fuente Diario Médico: El Estado de Colorado legaliza el suicidio asistido.