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sábado, 30 de septiembre de 2017

Las Cortes de Aragón instan al gobierno a despenalizar la Eutanasia

La Cámara aragonesa se posicionó ayer a favor de la despenalización de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido y la elaboración de una ley que regule su solicitud y práctica en los supuestos que se vean pertinentes. La iniciativa fue presentada por Itxaso Cabrera (Podemos) y Patricia Luquin (IU) y el texto recibió el apoyo de PSOE y CHA, la abstención de PAR y Ciudadanos y el voto en contra del PP.
Fuente: El Periódico de Aragón: Defensa de la eutanasia

Ampliación de la noticia al sumarse el Ayuntamiento de Zaragoza:


Las Cortes y el Ayuntamiento de Zaragoza se han posicionado a favor de la despenalización del suicidio asistido. Los partidos piden más difusión sobre la Ley de Muerte Digna de Aragón del 2011.
Era el 2011 cuando Aragón aprobó, en el pleno de las Cortes, la proposición de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en su proceso de muerte, más conocida como la Ley de Muerte Digna. La iniciativa partió del excoordinador general de Izquierda Unida de Aragón (IU) y exdiputado autonómico Adolfo Barrena. PSOE, PAR y CHA apoyaron la mayor parte del texto, mientras que el PP votó en contra. Desde entonces, a la norma le ha faltado empuje, desarrollo y más información de cara a la galería. De hecho, hay muchos aragoneses que desconocen que la comunidad dispone de esta ley.
En las últimas semanas, las Cortes de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza se han posicionado, por separado, a favor de la despenalización de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido. Las reacciones institucionales se han producido cuando, a nivel nacional, el Congreso ya ha iniciado la tramitación de una nueva Ley de Muerte Digna en España, un anhelo reivindicado desde hace años por la organización Derecho a Morir Dignamente (DMD).
En las Cortes de Aragón, la iniciativa fue presentada por Patricia Luquin (IU) e Itxaso Cabrera (Podemos) y el texto que se sometió a debate en la cámara aragonesa acabó recibiendo el apoyo del PSOE y de CHA, la abstención del PAR y Ciudadanos (C’s) y el voto en contra del PP. En él, entre otras cosas, se insta al Gobierno de Aragón a ampliar la formación continuada específica de los profesionales de la sanidad sobre el proceso del final de la vida, la enfermedad terminal y los cuidados paliativos. También la implantación obligatoria, en todos los servicios clínicos del Salud, de protocolos de analgesia, sedación y sedación terminal.
Voluntades anticipadas
Además, en la iniciativa aprobada se solicita el incremento del número de Equipos de Soporte para Atención Domiciliaria (ESAD) y la «obligatoriedad» de explicar qué es el documento de Voluntades Anticipadas (DVA) a todos los pacientes con una enfermedad incurable. Así, el texto apuesta porque la asociación Derecho a Morir Dignamente de Aragón forme parte del Comité de Bioética de la comunidad autónoma.
Por su parte, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza también pidió a la DGA, con el voto favorable de ZeC, PSOE y CHA, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP, la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido. En defensa de la iniciativa, Luisa Broto (ZeC) consideró que hay «un consenso médico» y llamó la atención sobre la Ley de Muerte Digna de Aragón, «que no está lo suficientemente traspuesta».
Según fuentes de Sanidad, en Aragón se han tramitado unos 8.000 documentos de voluntades anticipadas desde la puesta en marcha del documento.

martes, 22 de noviembre de 2016

El Estado de Colorado legaliza el suicidio asistido


Aprobado por referéndum El Estado de Colorado legaliza el suicidio asistido El Estado americano de Colorado ha aprobado la práctica del suicidio asistido mediante referéndum. La medida permite a los mayores de 18 años solicitarlo si están enfermos o tienen una expectativa de vida inferior a seis meses.
Colorado se ha convertido en el quinto país de Estados Unidos que legaliza, esta vez mediante referéndum, el suicidio asistido. Se suma así a Oregón, California, Washington y Vermont. Además, el Tribunal Supremo de Montana permite que un médico, en caso de demanda por esta práctica, alegue como causa de exoneración de responsabilidad civil o penal el consentimiento del enfermo.
La medida legal, respaldada por el 64.61 por ciento de quienes ejercieron el derecho al voto, permite a los residentes mayores de 18 años solicitar el suicidio asistido si están enfermos y tienen una expectativa de vida inferior a seis meses. El juicio clínico sobre la esperanza de vida debe ser validado por dos médicos, que también tendrán que confirmar que el paciente es competente para tomar una decisión libre e informada. Para obtener la prescripción del fármaco letal, será precisa una solicitud por escrito firmada por dos testigos -que acreditarán que el paciente pretende acabar con su vida voluntariamente y sin coerción- y que deberá repetirse verbalmente en dos ocasiones entre las que transcurrirán no menos de dos semanas.
Las peticiones se dirigirán al médico de atención primaria, que será uno de los que evalúen la competencia. En caso de duda sobre este particular, se pedirá el dictamen de un psiquiatra o un psicólogo. Como es natural, el paciente podrá cambiar de opinión en cualquier momento, aunque ya se le haya expedido el fármaco letal.
La norma protege la objeción de conciencia tanto del médico como del farmacéutico y la hace extensible a las instituciones sanitarias, que podrán prohibir a su personal la prescripción o dispensación de fármacos con fines de suicidio asistido. Esta información deberá facilitarse a los candidatos a un empleo en el centro antes de firmar el contrato.
La ley de Colorado sigue las pautas de la aprobada hace casi dos décadas por Oregón. La experiencia en este último Estado muestra que la esperanza de vida inferior a seis meses es controvertida en cuánto garantía para evitar abusos. No sólo por los errores de pronóstico, pues hay pacientes que viven más y dilatan o acaban declinando el uso del fármaco, sino también por el concepto. Por ejemplo, un enfermo de sida, hepatitis C o diabetes solo tiene una esperanza de vida inferior a seis meses si deja la medicación, pero de hecho se les considera candidatos aptos para solicitar el suicidio asistido.
Otra de las críticas que se han vertido sobre el sistema es la dificultad para medir su impacto real. Aunque la expedición de la receta del fármaco letal genera una copia que es enviada a la Administración sanitaria, el certificado de defunción consigna como causa de la muerte la enfermedad subyacente, por expresa disposición de la ley.